Verifactu en riesgo: el recurso que puede cambiar tus plazos de adaptación

Datos clave

Los plazos de adaptación a Verifactu que tu empresa o tu proveedor de software están siguiendo podrían quedar en suspenso o directamente anulados. El recurso de inconstitucionalidad n.º 1586-2026, publicado el 4 de abril de 2026, impugna la disposición final tercera del Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, que modificó el Reglamento Verifactu aprobado por el RD 1007/2023. El argumento central: el Gobierno no tenía habilitación constitucional para usar un decreto-ley para este tipo de modificación técnica.

¿Qué establece esta normativa?

El recurso impugna específicamente la disposición final tercera del RDL 15/2025, que modificó el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, aprobado por el RD 1007/2023 de 5 de diciembre. Este reglamento es la base legal de Verifactu.

La cuestión constitucional de fondo es clara: los decretos-ley tienen limitaciones materiales establecidas en la Constitución. No pueden regular cualquier materia. El recurso argumenta que modificar la regulación técnica de los sistemas de facturación no encaja en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad que justifican el uso de este instrumento normativo.

Es relevante entender que el RDL 15/2025 no solo regulaba Verifactu: su título completo indica que también adoptaba medidas para favorecer la actividad inversora de entidades locales y comunidades autónomas. La disposición final tercera era la que tocaba el reglamento de facturación, y es esa parte concreta la que se impugna.

Impacto económico y operativo

El impacto no es teórico. Las empresas y los proveedores de software llevan meses invirtiendo en adaptar sus sistemas a los requisitos técnicos de Verifactu. Un cambio en las reglas del juego tiene consecuencias directas:

• Inversiones en software ya realizadas o en curso podrían quedar sobredimensionadas o mal orientadas si se vuelve a la redacción anterior del RD 1007/2023.
• Los plazos de adaptación que los proveedores de software están comunicando a sus clientes podrían quedar sin efecto si el TC acuerda la suspensión cautelar.
• Los desarrolladores de software de facturación enfrentan incertidumbre sobre qué versión del reglamento deben cumplir mientras el recurso está pendiente.
• Las empresas que ya han adaptado sus sistemas a la versión modificada por el RDL 15/2025 podrían tener que revisar su cumplimiento si se anula esa modificación.

La incertidumbre normativa tiene un coste real: paraliza decisiones de inversión, complica la planificación de proyectos tecnológicos y genera riesgo de cumplimiento para quienes actúan sobre una base legal que puede cambiar.

¿A quién afecta?

• Empresarios y sociedades obligados a usar sistemas de facturación conformes con Verifactu.
• Autónomos sujetos a los requisitos del RD 1007/2023 y sus modificaciones.
• Proveedores y desarrolladores de software de facturación que están adaptando o ya han adaptado sus productos a los requisitos técnicos modificados por el RDL 15/2025.
• Asesores fiscales y gestorías que aconsejan a sus clientes sobre los plazos y requisitos de adaptación a Verifactu.
• CFOs y directores financieros que han presupuestado inversiones en software de facturación basándose en los plazos vigentes.

Ejemplo práctico

Una empresa mediana ha contratado con su proveedor de ERP la adaptación de su módulo de facturación a los requisitos de Verifactu según la versión modificada por el RDL 15/2025. El proyecto está en marcha y tiene un plazo de entrega vinculado a la fecha de obligatoriedad establecida en esa modificación.

Si el Tribunal Constitucional acuerda la suspensión cautelar de la disposición final tercera del RDL 15/2025, el plazo de obligatoriedad sobre el que se basa ese proyecto quedaría en suspenso. La empresa y su proveedor deberían revisar si continuar con la adaptación a la versión modificada o esperar a que se resuelva el recurso.

Si finalmente el TC estima el recurso y anula la modificación, la empresa debería verificar si su sistema cumple con la redacción anterior del RD 1007/2023, que sería la que volvería a estar en vigor. Esto podría implicar ajustes técnicos adicionales o, por el contrario, que algunos requisitos de la versión modificada ya no sean exigibles.

¿Qué deben hacer las empresas ahora?

1. Identificar qué modificaciones del RDL 15/2025 afectan a tu software de facturación. Concretamente, revisar qué cambios introdujo la disposición final tercera del RDL 15/2025 respecto a la redacción original del RD 1007/2023, para entender qué está en juego.
2. Consultar con tu proveedor de software si los plazos de adaptación están vinculados a la versión modificada por el RDL 15/2025. Si es así, debes estar preparado para un posible cambio de escenario en función de la decisión del TC.
3. Monitorizar las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre este recurso. La admisión ya está publicada. El siguiente hito relevante es si el TC acuerda o no la suspensión cautelar de la disposición impugnada.
4. No paralizar completamente los proyectos de adaptación a Verifactu. El RD 1007/2023 en su redacción original sigue vigente. La incertidumbre afecta a las modificaciones del RDL 15/2025, no a la obligación base de cumplir con Verifactu.
5. Si eres proveedor de software, comunicar proactivamente a tus clientes la situación. La incertidumbre sobre los plazos es un riesgo compartido que debe gestionarse con transparencia.

Fuente oficial

Aviso: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal. Para decisiones específicas, consulte a un profesional cualificado. Fuente: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-7634