Datos clave
| Normativa | Recurso de inconstitucionalidad n.º 2331-2026 contra la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, de Servicios de Atención a la Clientela |
|---|---|
| Publicación | 21 de abril de 2026 |
| Entrada en vigor | No especificada |
| Afectados | Empresas con servicios de atención al cliente, especialmente entidades financieras |
| Categoría | Normativa Empresarial |
| Artículos impugnados | Arts. 7.2, 8.6, 9.2, 13.6, 23.1 y disposición final segunda de la Ley 10/2025 |
| Norma modificada por la disp. final 2.ª | Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero |
| Nuevos preceptos financieros impugnados | Arts. 9 ter (apt. 2) y 29 septies (apt. 4) de la Ley 44/2002; nueva letra e) en su disposición final tercera |
| Fuente oficial | BOE-A-2026-8697 |
La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, de Servicios de Atención a la Clientela lleva menos de cuatro meses en vigor y ya enfrenta un recurso de inconstitucionalidad. El recurso n.º 2331-2026, publicado en el BOE el 21 de abril de 2026, impugna algunos de sus preceptos más operativos y, de forma específica, las modificaciones que esa ley introduce en la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
Para los directivos y responsables de cumplimiento, el mensaje es claro: la norma sigue vigente y exigible, pero hay una probabilidad real de que parte de sus obligaciones sean anuladas o modificadas en los próximos meses o años. Actuar como si nada sería un error; paralizarse también.
¿Qué establece esta normativa?
El recurso de inconstitucionalidad n.º 2331-2026 impugna los siguientes preceptos de la Ley 10/2025:
| Precepto impugnado | Ámbito |
|---|---|
| Artículo 7.2 | Obligaciones específicas de atención al cliente (Ley 10/2025) |
| Artículo 8.6 | Obligaciones específicas de atención al cliente (Ley 10/2025) |
| Artículo 9.2 | Obligaciones específicas de atención al cliente (Ley 10/2025) |
| Artículo 13.6 | Obligaciones específicas de atención al cliente (Ley 10/2025) |
| Artículo 23.1 | Obligaciones específicas de atención al cliente (Ley 10/2025) |
| Disposición final segunda — Punto Uno: art. 9 ter, apt. 2 (Ley 44/2002) | Nueva obligación financiera introducida en la Ley 44/2002 |
| Disposición final segunda — Punto Uno: art. 29 septies, apt. 4 (Ley 44/2002) | Nueva obligación financiera introducida en la Ley 44/2002 |
| Disposición final segunda — Punto Dos: nueva letra e) en disp. final tercera (Ley 44/2002) | Modificación del régimen de la disposición final tercera de la Ley 44/2002 |
La disposición final segunda es especialmente relevante para el sector financiero porque modifica directamente la Ley 44/2002, introduciendo nuevas obligaciones de atención a la clientela en el ámbito bancario y financiero que ahora quedan en suspenso jurídico.
Mientras el Tribunal Constitucional no acuerde una suspensión cautelar, todos estos preceptos permanecen en vigor y son exigibles. El recurso abre la posibilidad de anulación parcial o de modificaciones legislativas, pero no suspende por sí solo ninguna obligación.
Impacto económico y operativo
La incertidumbre jurídica tiene un coste real para las empresas, aunque no sea directamente cuantificable en una cifra única:
- Inversiones en adaptación en riesgo: Las empresas que ya han adaptado sus sistemas, protocolos y plantillas a los artículos recurridos podrían haber incurrido en costes que resulten innecesarios si el Tribunal anula esos preceptos.
- Doble escenario de planificación: Los departamentos de cumplimiento deben prepararse para dos escenarios simultáneos: que la norma se mantenga íntegra o que los artículos impugnados sean anulados o modificados.
- Riesgo de incumplimiento si se paraliza la adaptación: Si una empresa decide no cumplir los artículos recurridos a la espera de la resolución del Tribunal, asume el riesgo de sanción mientras no haya suspensión cautelar.
- Impacto específico en entidades financieras: Los nuevos artículos 9 ter (apt. 2) y 29 septies (apt. 4) introducidos en la Ley 44/2002 imponen obligaciones adicionales al sector bancario y financiero. Su eventual anulación aliviaría cargas operativas, pero la incertidumbre actual dificulta la planificación.
¿A quién afecta?
- Entidades financieras y bancarias: Son las más expuestas, dado que la disposición final segunda del recurso modifica directamente la Ley 44/2002 e introduce nuevas obligaciones específicas para este sector.
- Empresas con servicios de atención al cliente obligados por la Ley 10/2025: Cualquier empresa sujeta a los artículos 7.2, 8.6, 9.2, 13.6 y 23.1 de la Ley 10/2025 debe seguir cumpliendo esas obligaciones mientras no haya suspensión cautelar.
- Departamentos de cumplimiento normativo y legal: Deben monitorizar el estado del recurso y preparar planes de contingencia para ambos escenarios posibles.
- CFOs y directivos financieros: La incertidumbre sobre la vigencia de determinadas obligaciones afecta a decisiones de inversión en sistemas de atención al cliente y a la planificación de recursos.
- Asesores jurídicos y consultores de cumplimiento: Deben actualizar sus recomendaciones a clientes afectados por la Ley 10/2025 teniendo en cuenta el estado del recurso.
Ejemplo práctico
Una entidad bancaria mediana ha invertido en los últimos meses en adaptar sus protocolos de atención al cliente a los nuevos artículos 9 ter (apt. 2) y 29 septies (apt. 4) introducidos en la Ley 44/2002 por la disposición final segunda de la Ley 10/2025. Ha formado a su equipo, actualizado sus sistemas y revisado sus contratos con proveedores de atención telefónica.
Con el recurso n.º 2331-2026 en curso, el responsable de cumplimiento de esa entidad se enfrenta a una decisión concreta: ¿sigue invirtiendo en la adaptación completa o espera a que el Tribunal se pronuncie?
La respuesta correcta, según el estado actual de la normativa, es continuar cumpliendo. El recurso no suspende la norma. Si el Tribunal finalmente anula esos preceptos, la entidad habrá incurrido en costes de adaptación que resultarán innecesarios, pero habrá evitado el riesgo de sanción durante el periodo de vigencia. Si el Tribunal desestima el recurso, la adaptación ya estará hecha y la entidad estará en regla.
La clave es documentar cada decisión de cumplimiento tomada durante este periodo de incertidumbre, por si fuera necesario acreditar la diligencia ante un eventual procedimiento sancionador