Datos clave
| Normativa | Resolución de 24 de junio de 2026, de la Secretaría General de Coordinación Territorial — Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Norma de referencia | Ley 6/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 — artículo 30 |
| Publicación BOE | 20 de julio de 2026 |
| Entrada en vigor | 20 de julio de 2026 |
| Afectados | Trabajadores vinculados a contratos públicos de la Comunidad de Madrid y sus empleadores |
| Categoría | Legislación Laboral |
| Ejercicio | 2026 |
| Comunicación | Acuerdo trasladado al Tribunal Constitucional para cierre formal de la controversia |
Si tu empresa ejecuta contratos públicos con la Comunidad de Madrid, este acuerdo te afecta directamente. El artículo 30 de la Ley 6/2025 de Presupuestos de Madrid para 2026 incluía una referencia a la «no procedencia de indemnizaciones» que generó una controversia competencial: ¿podía la normativa presupuestaria autonómica limitar derechos laborales reconocidos por el ordenamiento estatal? La respuesta, fijada por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid el 16 de junio de 2026, es clara: no puede.
El acuerdo, publicado en el BOE el 20 de julio de 2026, cierra la discrepancia competencial y protege los derechos mínimos de los trabajadores afectados. La controversia ha sido comunicada al Tribunal Constitucional para su archivo formal.
¿Qué establece esta normativa?
El artículo 30 de la Ley 6/2025 de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 contenía una cláusula que señalaba la «no procedencia de indemnizaciones» en determinados supuestos vinculados a contratos públicos madrileños. Esta redacción generó dudas sobre si podía interpretarse como una limitación a las indemnizaciones laborales obligatorias por ley.
El Estado planteó una discrepancia competencial: la regulación de los derechos laborales mínimos es competencia exclusiva del Estado, no de las comunidades autónomas. La Comisión Bilateral de Cooperación resolvió el conflicto con el siguiente criterio vinculante:
- La referencia a la «no procedencia de indemnizaciones» del artículo 30 no afecta a las indemnizaciones que serían exigibles por ley, aunque no estuvieran expresamente recogidas en el contrato.
- Los derechos laborales mínimos de los trabajadores vinculados a contratos públicos de la Comunidad de Madrid quedan intactos.
- La cláusula presupuestaria autonómica no puede desplazar ni reducir los derechos reconocidos por el ordenamiento laboral estatal.
- El acuerdo se comunica al Tribunal Constitucional para el cierre formal de la controversia planteada.
En la práctica, la interpretación auténtica del artículo 30 queda fijada: la «no procedencia de indemnizaciones» solo puede referirse a indemnizaciones de naturaleza contractual o voluntaria, nunca a las legalmente obligatorias.
Impacto económico y operativo
Para las empresas adjudicatarias de contratos públicos con la Comunidad de Madrid, el impacto es principalmente de certeza jurídica: se elimina la ambigüedad que podría haber llevado a algunas empresas a intentar no abonar indemnizaciones legales amparándose en la redacción del artículo 30.
- Provisiones contables: Las empresas deben mantener las provisiones para indemnizaciones legales (despido, extinción de contrato, etc.) en sus contratos públicos madrileños. No hay base legal para reducirlas.
- Riesgo de reclamaciones: Cualquier empresa que hubiera interpretado el artículo 30 como una exoneración de indemnizaciones legales queda expuesta a reclamaciones laborales y posibles sanciones.
- Gestión de personal en contratas: Los trabajadores adscritos a contratos públicos de Madrid tienen los mismos derechos indemnizatorios que cualquier trabajador, independientemente de lo que diga el contrato administrativo.
- Seguridad jurídica para licitadores: Las empresas que preparen ofertas para nuevas licitaciones deben incluir en sus costes las indemnizaciones laborales legales, sin posibilidad de excluirlas basándose en la normativa presupuestaria autonómica.
¿A quién afecta?
- Empresas adjudicatarias de contratos públicos con la Comunidad de Madrid (servicios, obras, suministros).
- Trabajadores adscritos a la ejecución de contratos públicos madrileños, especialmente en sectores de limpieza, seguridad, mantenimiento, servicios sociales y tecnología.
- Departamentos de RRHH y jurídico de empresas con contratas en la Comunidad de Madrid que gestionan extinciones de contratos y subrogaciones.
- Asesores laborales y despachos que asesoran a empresas licitadoras o a trabajadores en contratas públicas madrileñas.
- Responsables de licitaciones que calculan costes laborales en ofertas a la Comunidad de Madrid.
- Sindicatos y representantes de trabajadores en empresas con contratas públicas en Madrid.
Ejemplo práctico
Una empresa de servicios de limpieza ejecuta un contrato de mantenimiento con una consejería de la Comunidad de Madrid. Al finalizar el contrato, varios trabajadores adscritos a ese servicio ven extinguida su relación laboral. La empresa, amparándose en la redacción del artículo 30 de los Presupuestos madrileños 2026, pretende no abonar las indemnizaciones por despido que corresponderían legalmente.
Tras el acuerdo de la Comisión Bilateral publicado el 20 de julio de 2026, esa interpretación no es válida. Las indemnizaciones que el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa laboral estatal reconocen a esos empleados son exigibles en su totalidad, con independencia de lo que establezca el contrato administrativo o la ley presupuestaria autonómica. La empresa deberá abonarlas o se expone a reclamaciones judiciales y a la actuación de la Inspección de Trabajo.
¿Qué deben hacer las empresas ahora?
- Revisar contratos públicos activos con la Comunidad de Madrid: Identificar si algún contrato o instrucción interna se había redactado asumiendo que el artículo 30 eximía del pago de indemnizaciones legales.
- Corregir cualquier criterio interno incorrecto: Si el departamento de RRHH o jurídico había interpretado que la cláusula de «no procedencia de indemnizaciones» eliminaba obligaciones legales, debe rectificarse de inmediato.
- Mantener las provisiones contables: Asegurarse de que las provisiones para indemnizaciones laborales en contratas públicas madrileñas no han sido reducidas indebidamente.
- Incluir costes de indemnizaciones en nuevas licitaciones: Al preparar ofertas para contratos con la Comunidad de Madrid, calcular los costes laborales completos, incluyendo las indemnizaciones legales obligatorias.
- Informar a los trabajadores afectados: Los empleados adscritos a contratos públicos madrileños deben saber que sus derechos indemnizatorios están plenamente vigentes y no han sido limitados.
- Consultar con asesor laboral si existen situaciones de extinción de contratos pendientes de resolver que pudieran haberse gestionado bajo la interpretación incorrecta del artículo 30.
Preguntas frecuentes
¿Qué dice exactamente el artículo 30 de los Presupuestos de Madrid 2026 sobre indemnizaciones?
El artículo 30 de la Ley 6/2025 de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 incluía una referencia a la «no procedencia de indemnizaciones» en el contexto de contratos públicos. Según el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Madrid de 16 de junio de 2026, esa cláusula no puede interpretarse como una eliminación de las indemnizaciones que son obligatorias por el ordenamiento laboral estatal, aunque no estén recogidas en el contrato. Solo afecta a indemnizaciones de naturaleza voluntaria o contractual.
¿Los trabajadores en contratas públicas de Madrid pierden algún derecho indemnizatorio con esta norma?
No. El acuerdo publicado el 20 de julio de 2026 confirma expresamente que los trabajadores vinculados a contratos públicos de la Comunidad de Madrid mantienen intactos sus derechos indemnizatorios laborales. Las indemnizaciones exigibles por ley (despido, extinción, etc.) se deben abonar con independencia de lo que establezca el contrato administrativo o la ley presupuestaria autonómica.
¿Desde cuándo es aplicable este acuerdo?
El acuerdo fue adoptado por la Comisión Bilateral de Cooperación el 16 de junio de 2026 y publicado en el BOE el 20 de julio de 2026, fecha en que entró en vigor. La controversia ha sido comunicada al Tribunal Constitucional para su cierre formal.
¿Qué pasa si una empresa ya ha denegado indemnizaciones a trabajadores basándose en el artículo 30?
Esa empresa queda expuesta a reclamaciones laborales por parte de los trabajadores afectados, ya que el acuerdo confirma que las indemnizaciones legales son exigibles en todo caso. Se recomienda consultar con un asesor laboral para evaluar la situación concreta y, si procede, regularizarla antes de que se produzcan reclamaciones o actuaciones de la Inspección de Trabajo.
¿Afecta este acuerdo a contratos públicos de otras comunidades autónomas?
No directamente. El acuerdo resuelve una discrepancia competencial específica sobre el artículo 30 de la Ley 6/2025 de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026. Sin embargo, el criterio interpretativo es relevante como referencia: ninguna ley presupuestaria autonómica puede limitar los derechos laborales mínimos reconocidos por el ordenamiento estatal.
Fuente oficial
Consultar normativa completa en fuente oficial
Aviso: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal. Para decisiones específicas, consulte a un profesional cualificado. Fuente: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-15827
