Precio CO2 sistemas eléctricos insulares 2025: impacto en generadoras y distribuidoras

Datos clave

Las empresas generadoras y distribuidoras eléctricas que operan en los territorios no peninsulares tienen un nuevo parámetro regulatorio que condiciona sus liquidaciones del ejercicio 2025. La Resolución de 16 de marzo de 2026 de la Dirección General de Política Energética y Minas aprueba el precio de derechos de emisión de CO2 de liquidación para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Este precio no es un coste adicional que pagan las empresas directamente al mercado de carbono: es el valor técnico-regulatorio que el sistema utiliza para calcular cuánto se retribuye a cada generadora por su producción en estos territorios, donde la dependencia de combustibles fósiles es estructuralmente mayor que en la península.

¿Qué establece esta normativa?

La resolución fija un único parámetro: el precio de derechos de emisión de CO2 que se aplica en el proceso de liquidación del sistema eléctrico de los territorios no peninsulares para el año 2025.

Este valor es un dato de entrada en los modelos de cálculo de costes de generación reconocidos por el regulador. En los sistemas insulares y extrapeninsulares, la generación eléctrica depende en gran medida de grupos térmicos que queman combustibles fósiles (gasóleo, fuel, gas). El coste de los derechos de emisión de CO2 que esos grupos deben soportar forma parte del coste reconocido de generación, y por tanto incide en las liquidaciones que perciben los operadores.

La correcta fijación de este valor tiene dos efectos directos:

• Retribución adecuada a los operadores: si el precio CO2 reconocido se aleja del precio real de mercado, los generadores pueden quedar infra o sobreretribuidos.
• Sostenibilidad económica del suministro: una retribución ajustada garantiza que los operadores puedan mantener la actividad en territorios donde el suministro eléctrico no puede interrumpirse.

Los territorios afectados son cuatro sistemas eléctricos diferenciados, todos ellos fuera del sistema peninsular interconectado:

Impacto económico y operativo

El precio de derechos de emisión CO2 aprobado afecta a dos grandes partidas económicas de las empresas del sector:

Liquidaciones de generación: el importe que el sistema reconoce y liquida a cada generadora por su producción en 2025 incorpora este precio como variable de cálculo. Una variación en este parámetro respecto a ejercicios anteriores puede suponer diferencias relevantes en los ingresos reconocidos, especialmente para operadores con alta producción térmica.

Costes extrapeninsulares del sistema: estos costes, que se financian a través de los peajes y cargos del sistema eléctrico nacional, quedan condicionados por el nivel del precio CO2 reconocido. Un precio más alto implica mayores costes reconocidos de generación y, en consecuencia, mayor impacto en el conjunto del sistema.

Desde el punto de vista operativo, las empresas afectadas deben asegurarse de que sus sistemas de gestión y contabilidad regulatoria incorporan el valor aprobado para el cierre del ejercicio 2025 y para cualquier revisión o reclamación de liquidaciones.

¿A quién afecta?

Esta resolución afecta directamente a:

• Empresas generadoras eléctricas que operan grupos de generación en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, especialmente las que tienen producción térmica con combustibles fósiles.
• Empresas distribuidoras eléctricas en estos cuatro territorios, cuyas tarifas y presupuestos quedan condicionados por los costes de generación reconocidos.
• CFOs y directores financieros de estas compañías, que deben incorporar el parámetro en el cierre contable y regulatorio del ejercicio 2025.
• Asesores regulatorios y consultores energéticos que gestionan liquidaciones o reclamaciones ante el regulador en nombre de operadores de estos sistemas.

No afecta a empresas del sistema eléctrico peninsular ni a consumidores industriales o comerciales directamente.

Ejemplo práctico

Una empresa generadora que opera varios grupos diésel en Canarias para el ejercicio 2025 debe calcular el coste reconocido de sus emisiones de CO2 asociadas a esa producción. Para ello, aplica el precio de derechos de emisión aprobado en esta resolución al volumen de emisiones correspondiente a su generación del año.

Si ese precio difiere del que la empresa había estimado en su planificación financiera (por ejemplo, porque usó como referencia el precio de mercado del ETS europeo sin ajuste regulatorio), el resultado de la liquidación final puede ser diferente al presupuestado. Esto puede generar una desviación positiva o negativa en los ingresos reconocidos del ejercicio.

Por eso, el paso crítico para cualquier generadora afectada es verificar que el precio aprobado en esta resolución coincide con el utilizado en sus cálculos internos de liquidación 2025, y corregir cualquier desviación antes de que se cierre el proceso de liquidación definitiva.

¿Qué deben hacer las empresas ahora?

1. Localizar y leer la resolución completa: acceder al texto íntegro en el BOE (referencia BOE-A-2026-7628) para identificar el valor exacto del precio de derechos de emisión CO2 aprobado para 2025.
2. Comparar con el precio utilizado en liquidaciones internas: verificar si el valor aprobado coincide con el que la empresa ha aplicado en sus cálculos de liquidación del ejercicio 2025. Detectar cualquier desviación.
3. Actualizar los modelos de cálculo regulatorio: si existe desviación, corregir los modelos de cálculo de costes de generación y liquidaciones con el valor oficial aprobado.
4. Revisar el impacto en presupuestos y cierres contables: el CFO o responsable financiero debe evaluar si la diferencia entre el precio estimado y el aprobado genera un ajuste relevante en los ingresos o costes reconocidos del ejercicio 2025.
5. Coordinar con el área regulatoria: asegurarse de que el equipo regulatorio o el asesor externo incorpora este parámetro en cualquier reclamación, alegación o comunicación pendiente con el regulador sobre liquidaciones de 2025.

Fuente oficial

Aviso: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal. Para decisiones específicas, consulte a un profesional cualificado. Fuente: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-7628