Eficiencia energética primero: qué cambia para empresas del sector en 2026

Datos clave

Las empresas del sector energético que soliciten permisos o financiación pública para nuevas infraestructuras se enfrentan a un cambio metodológico relevante. La Recomendación (UE) 2026/839, adoptada el 11 de marzo de 2026, establece las directrices para calcular costes y beneficios bajo el principio 'primero la eficiencia energética' recogido en el artículo 3.6 de la Directiva (UE) 2023/1791.

En términos prácticos: antes de que un regulador o administración apruebe una nueva infraestructura energética, deberá acreditarse que se han considerado y descartado soluciones de eficiencia. Y el cálculo para hacerlo tiene ahora unas reglas metodológicas concretas que esta recomendación define.

¿Qué establece esta normativa?

La Recomendación 2026/839 no crea obligaciones directas para las empresas, pero define cómo deben diseñarse las metodologías nacionales de evaluación de costes y beneficios. Esto tiene tres implicaciones concretas:

• Obligación de considerar eficiencia primero: Los Estados miembros deben garantizar que, antes de aprobar nuevas infraestructuras energéticas, se evalúen soluciones de eficiencia como alternativa.
• Metodología de cálculo ampliada: El análisis coste-beneficio debe incluir la monetización de externalidades, beneficios no energéticos y costes sistémicos. No basta con comparar el coste directo de la infraestructura frente a la medida de eficiencia.
• Orientación para la transposición nacional: Aunque es una recomendación no vinculante, orienta directamente cómo los Estados miembros deben transponer el artículo 3.6 de la Directiva 2023/1791, lo que se traducirá en normativa nacional de obligado cumplimiento.

Impacto económico y operativo

El impacto principal no es una sanción económica directa, sino un cambio en las condiciones de acceso a permisos y financiación pública para proyectos energéticos. Las empresas que no adapten sus análisis a esta metodología se arriesgan a que sus proyectos sean rechazados o retrasados por los reguladores nacionales.

Los efectos operativos más relevantes son:

• Mayor carga de justificación técnica: Los expedientes de solicitud de permisos deberán incluir análisis coste-beneficio más complejos, con monetización de externalidades y beneficios no energéticos.
• Posible reorientación de inversiones: Proyectos de nueva infraestructura que antes se aprobaban directamente podrían ahora quedar condicionados a demostrar que no existe una alternativa de eficiencia más rentable desde el punto de vista sistémico.
• Impacto en financiación pública: Las administraciones que concedan ayudas o financiación a proyectos energéticos incorporarán estos criterios en sus evaluaciones, afectando a la elegibilidad de determinadas inversiones.
• Oportunidad para soluciones de eficiencia: Las empresas que ofrezcan servicios o tecnologías de eficiencia energética pueden beneficiarse, ya que la normativa incentiva que los promotores consideren estas alternativas antes de optar por nueva infraestructura.

¿A quién afecta?

• Empresas del sector energético que promuevan proyectos de redes, generación o demanda y necesiten permisos o financiación pública.
• Reguladores energéticos que deberán adaptar sus metodologías de evaluación de proyectos a las directrices de la Recomendación 2026/839.
• Administraciones públicas responsables de aprobar infraestructuras energéticas o conceder financiación a estos proyectos.
• Inversores en infraestructura energética cuyos proyectos dependan de permisos regulatorios o cofinanciación pública.
• Planificadores energéticos que diseñen estrategias de desarrollo de redes o capacidad de generación.
• Empresas de servicios energéticos (ESEs) y proveedores de soluciones de eficiencia, que ganan relevancia como alternativa a nueva infraestructura.

Ejemplo práctico

Una empresa distribuidora de electricidad planea ampliar la capacidad de una subestación para atender la creciente demanda en una zona industrial. Antes de la Recomendación 2026/839, el expediente de permiso se centraba en justificar la necesidad técnica y el coste de la obra.

Con las nuevas directrices, el regulador nacional —siguiendo la metodología orientada por esta recomendación— exigirá que el expediente demuestre que se ha evaluado primero si medidas de eficiencia energética en los consumidores de esa zona (gestión de la demanda, instalación de baterías, optimización de procesos industriales) podrían resolver el problema sin necesidad de ampliar la infraestructura.

El análisis deberá cuantificar no solo el coste de la obra frente al coste de las medidas de eficiencia, sino también las externalidades (emisiones evitadas, impacto en la red en su conjunto) y los beneficios no energéticos de cada opción. Si el análisis no se presenta correctamente, el permiso puede quedar en suspenso o ser denegado.

¿Qué deben hacer las empresas ahora?

1. Revisar los proyectos de infraestructura energética en cartera: Identificar cuáles requieren permisos o financiación pública y podrían verse afectados por la aplicación del principio 'primero la eficiencia'.
2. Actualizar la metodología de análisis coste-beneficio: Incorporar la monetización de externalidades, beneficios no energéticos y costes sistémicos en los estudios que acompañen a las solicitudes de permiso o financiación.
3. Monitorizar la transposición nacional: Aunque la recomendación no es vinculante, España deberá adaptar su normativa al artículo 3.6 de la Directiva 2023/1791. Seguir los desarrollos regulatorios del Ministerio para la Transición Ecológica y la CNMC.
4. Evaluar alternativas de eficiencia antes de presentar proyectos: Documentar formalmente que se han considerado soluciones de eficiencia energética como alternativa a la nueva infraestructura, incluso antes de que el regulador lo exija.
5. Consultar con asesores especializados en regulación energética: La correcta aplicación de la metodología de costes y beneficios requerirá conocimiento técnico específico para evitar rechazos o retrasos en los expedientes.