Nueva directriz de protección civil en incendios forestales: qué deben hacer empresas y municipios en 2026

Datos clave

Las empresas forestales y los municipios en zonas de riesgo tienen una nueva obligación de adaptación desde el 23 de abril de 2026. El Consejo de Ministros aprobó ese día la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de incendios forestales, publicada en el BOE el 27 de abril mediante la Resolución de la Subsecretaría (BOE-A-2026-9159).

Esta norma no es una recomendación: es el marco de referencia obligatorio para toda la cadena de planificación y respuesta ante incendios forestales en España, desde el Estado hasta el municipio. Y tiene consecuencias directas para el sector privado que opera en entornos forestales.

¿Qué establece esta normativa?

La directriz actualiza los criterios con los que todas las administraciones públicas deben planificar, coordinar y responder ante emergencias por incendios forestales. Los elementos centrales que regula son:

• Niveles de emergencia: Define los distintos niveles de activación ante un incendio forestal, estableciendo en qué momento y bajo qué condiciones se activa cada nivel de respuesta.
• Mecanismos de activación de planes: Determina cómo y cuándo se activan los planes de emergencia en cada nivel administrativo.
• Responsabilidades por nivel administrativo: Distribuye de forma clara las competencias y obligaciones entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
• Criterios de coordinación: Establece cómo deben coordinarse los distintos niveles de la administración cuando se produce una emergencia.

La directriz actualiza el marco normativo anterior, adaptando los criterios de planificación y respuesta operativa a la realidad actual del riesgo de incendios forestales en España.

Impacto económico y operativo

Esta norma no establece tasas ni sanciones económicas directas en su texto, pero tiene consecuencias operativas y de coste para las organizaciones afectadas:

• Revisión de protocolos internos: Las empresas forestales y de gestión de montes deberán revisar y actualizar sus planes de autoprotección y protocolos de emergencia para alinearlos con los nuevos niveles y mecanismos definidos en la directriz.
• Adaptación de planes municipales: Los municipios con planes de emergencia local en zonas forestales deben iniciar un proceso de revisión y actualización de dichos planes, lo que implica coste técnico y administrativo.
• Coordinación con administraciones: Las empresas que operen en zonas de riesgo deberán conocer los nuevos niveles de emergencia para poder integrarse correctamente en los protocolos de respuesta cuando sean activados.
• Formación y comunicación interna: La actualización del marco normativo exige que los equipos responsables de seguridad y emergencias en las empresas afectadas conozcan los nuevos criterios.

¿A quién afecta?

• Empresas del sector forestal: Explotaciones madereras, empresas de aprovechamiento forestal y similares que operan en montes o zonas boscosas.
• Empresas de gestión de montes: Entidades privadas o concesionarias que gestionan espacios forestales públicos o privados.
• Sectores que operan en zonas de riesgo: Empresas de construcción, energía, turismo rural, agricultura o cualquier actividad desarrollada en entornos con riesgo de incendio forestal.
• Empresas del sector de emergencias: Compañías de servicios de extinción, prevención y gestión de emergencias forestales.
• Municipios en zonas forestales: Ayuntamientos que cuenten con planes de emergencia local que deberán revisarse conforme a la nueva directriz.
• Comunidades autónomas: Deben adaptar sus planes de emergencia autonómicos al nuevo marco de coordinación y niveles de emergencia.
• Estado: Asume las responsabilidades de coordinación general definidas en la directriz.

Ejemplo práctico

Una empresa de gestión forestal que opera en una zona de alto riesgo de incendio en Castilla y León tiene actualmente un protocolo de emergencia elaborado conforme a la directriz anterior. Con la entrada en vigor de esta nueva norma el 23 de abril de 2026, ese protocolo puede haber quedado desactualizado en aspectos clave: los niveles de emergencia que maneja la empresa deben coincidir con los que ahora define la directriz para que la coordinación con la administración autonómica y los servicios de extinción funcione correctamente.

Si se produce un incendio y la empresa activa su protocolo interno con criterios distintos a los establecidos en la nueva directriz, puede generar problemas de coordinación con los servicios públicos de emergencia, lo que además de ser un riesgo operativo puede derivar en responsabilidades legales. La revisión del protocolo interno es, por tanto, una acción prioritaria e inmediata.

¿Qué deben hacer las empresas ahora?

1. Identificar si tu actividad está en zona de riesgo forestal: Revisa si tus instalaciones, operaciones o concesiones se ubican en zonas clasificadas como de riesgo de incendio forestal. Si es así, esta norma te afecta directamente.
2. Revisar los protocolos internos de emergencia: Compara tu plan de autoprotección o protocolo de emergencia actual con los niveles y mecanismos de activación que define la nueva directriz. Identifica las brechas y actualiza el documento.
3. Contactar con la administración autonómica correspondiente: Las comunidades autónomas son el nivel intermedio de coordinación. Consulta con tu comunidad autónoma cómo afecta la nueva directriz a los planes en los que tu empresa pueda estar integrada.
4. Formar al equipo responsable de seguridad y emergencias: Asegúrate de que las personas responsables de seguridad en tu organización conocen los nuevos criterios de activación y coordinación definidos en la directriz.
5. Si eres municipio, iniciar la revisión del plan de emergencia local: Los ayuntamientos con planes de emergencia en zonas forestales deben adaptar esos planes a la nueva directriz. Prioriza esta revisión si tu municipio tiene historial de riesgo elevado.
6. Consultar el texto completo de la norma: La directriz completa está disponible en el BOE (BOE-A-2026-9159) para verificar los niveles de emergencia específicos y las responsabilidades detalladas por nivel administrativo.