Datos clave
| Normativa | Orden ECM/973/2026, de 9 de septiembre |
|---|---|
| Publicación | 18 de septiembre de 2026 |
| Entrada en vigor | 2 de enero de 2027 |
| Plazo de adaptación documental | 1 de abril de 2027 |
| Primera comunicación con categoría | Información del 4.º trimestre de 2026, antes del 10 de febrero de 2027 |
| Afectados | Gestoras y fondos de pensiones inscritos en el Registro Especial; partícipes y beneficiarios |
| Categoría | Novedades Fiscales |
| Coste adicional para gestoras | Ninguno declarado: formaliza una práctica ya existente desde 2019 |
Las gestoras de fondos de pensiones inscritas en el Registro Especial tienen dos fechas críticas en el horizonte inmediato. La Orden ECM/973/2026, publicada el 18 de septiembre de 2026 y en vigor desde el 2 de enero de 2027, convierte en obligación pública una tipología de fondos que ya se comunicaba internamente al supervisor desde 2019. El cambio es de forma más que de fondo, pero los plazos son exigentes y los documentos afectados son específicos.
La clasificación se basa en la declaración de política de inversión de cada fondo, no en la composición real de la cartera en un momento dado. Este matiz es relevante: si un fondo tiene dudas entre dos categorías, la norma establece que se asigna la de mayor riesgo.
¿Qué establece esta normativa?
La Orden ECM/973/2026 crea una tipología oficial de fondos de pensiones en función de su política de inversión. Hasta ahora, esa clasificación existía de facto en las comunicaciones internas con el supervisor, pero no tenía rango normativo público ni obligaba a reflejarla en los documentos que reciben los partícipes.
Los tres documentos que cada gestora debe actualizar antes del 1 de abril de 2027 son:
- Documento de datos fundamentales para el partícipe
- Normas de funcionamiento del fondo
- Declaración de principios de inversión
Además, existe una obligación previa e independiente: en la información del cuarto trimestre de 2026 —que debe remitirse antes del 10 de febrero de 2027— ya debe figurar la categoría asignada a cada fondo.
Las reglas de asignación de categoría son claras:
- La categoría se determina a partir de la declaración de política de inversión, no de la cartera real.
- En caso de duda entre dos categorías, se asigna la de mayor riesgo.
El objetivo declarado de la norma es mejorar la comparabilidad y transparencia para partícipes y beneficiarios, facilitando que puedan comparar fondos de distintas gestoras sobre una base homogénea.
Impacto económico y operativo
La propia norma reconoce que no genera costes adicionales para las entidades gestoras, dado que formaliza una práctica ya existente desde 2019. Sin embargo, el impacto operativo es real: hay que revisar y actualizar tres tipos de documentos para cada fondo gestionado, y hacerlo dentro de un plazo concreto.
El esfuerzo se concentra en dos frentes:
- Corto plazo (antes del 10 de febrero de 2027): Asignar la categoría a cada fondo e incluirla en el informe del cuarto trimestre de 2026. Esta es la primera obligación concreta y la más inmediata.
- Medio plazo (antes del 1 de abril de 2027): Actualizar el documento de datos fundamentales para el partícipe, las normas de funcionamiento y la declaración de principios de inversión de cada fondo.
Para gestoras con un número elevado de fondos bajo gestión, la carga administrativa puede ser significativa simplemente por volumen, aunque el proceso de clasificación en sí no debería ser complejo si la política de inversión de cada fondo está bien documentada.
Para los partícipes y beneficiarios, el impacto es positivo: dispondrán de una etiqueta de categoría homogénea en los documentos que reciben, lo que facilita la comparación entre fondos de distintas gestoras.
¿A quién afecta?
- Gestoras de fondos de pensiones inscritas en el Registro Especial: obligadas a clasificar sus fondos y actualizar la documentación.
- Fondos de pensiones inscritos en el Registro Especial: cada fondo debe recibir una categoría según su política de inversión declarada.
- Partícipes y beneficiarios de fondos de pensiones: se benefician de mayor transparencia y comparabilidad en la información que reciben.
- Asesores financieros y consultores que trabajan con fondos de pensiones: deben conocer la nueva tipología para orientar correctamente a sus clientes.
- CFOs y directores financieros de empresas que gestionan planes de pensiones de empleo: deben verificar que la gestora cumple los plazos y que la documentación del plan queda actualizada.
Ejemplo práctico
Una gestora que administra 12 fondos de pensiones debe, antes del 10 de febrero de 2027, haber asignado una categoría a cada uno de esos 12 fondos e incluirla en el informe del cuarto trimestre de 2026 que remite al supervisor.
Supongamos que uno de esos fondos tiene una política de inversión que podría encajar en dos categorías: una de riesgo moderado y otra de riesgo elevado. Según la Orden ECM/973/2026, la gestora debe asignar la categoría de mayor riesgo. Esta decisión debe quedar reflejada en la declaración de principios de inversión, en las normas de funcionamiento y en el documento de datos fundamentales para el partícipe, todo ello actualizado antes del 1 de abril de 2027.
Si la gestora no actualiza el documento de datos fundamentales a tiempo, el partícipe seguirá recibiendo información sin la categoría oficial, lo que puede generar inconsistencias con la información remitida al supervisor en el informe trimestral.
¿Qué deben hacer las empresas ahora?
- Revisar la política de inversión declarada de cada fondo bajo gestión para determinar la categoría que corresponde según la nueva tipología. Hacerlo cuanto antes evita prisas en febrero.
- Asignar la categoría oficial a cada fondo siguiendo el criterio de mayor riesgo en caso de duda entre dos categorías.
- Incluir la categoría asignada en el informe del cuarto trimestre de 2026, que debe remitirse antes del 10 de febrero de 2027. Esta es la primera obligación con fecha fija.
- Actualizar el documento de datos fundamentales para el partícipe de cada fondo con la nueva categoría, antes del 1 de abril de 2027.
- Actualizar las normas de funcionamiento de cada fondo para reflejar la categoría asignada, antes del 1 de abril de 2027.
- Actualizar la declaración de principios de inversión de cada fondo, antes del 1 de abril de 2027.
- Coordinar con asesores jurídicos y de cumplimiento para verificar que los tres documentos actualizados son coherentes entre sí y con la categoría comunicada al supervisor.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo entra en vigor la Orden ECM/973/2026 y cuál es el plazo para adaptarse?
La Orden ECM/973/2026 entra en vigor el 2 de enero de 2027. Sin embargo, hay dos plazos de cumplimiento distintos: la categoría asignada debe incluirse en la información del cuarto trimestre de 2026, a remitir antes del 10 de febrero de 2027; y los tres documentos clave (datos fundamentales para el partícipe, normas de funcionamiento y declaración de principios de inversión) deben estar actualizados antes del 1 de abril de 2027.
¿Qué documentos deben actualizar las gestoras de fondos de pensiones?
Las gestoras deben actualizar tres documentos por cada fondo: el documento de datos fundamentales para el partícipe, las normas de funcionamiento y la declaración de principios de inversión. El plazo para los tres es el 1 de abril de 2027. Adicionalmente, deben incluir la categoría en el informe del cuarto trimestre de 2026 antes del 10 de febrero de 2027.
¿Cómo se determina la categoría de un fondo de pensiones si encaja en dos tipos?
La clasificación se basa en la declaración de política de inversión del fondo, no en la composición real de la cartera. Si existe duda entre dos categorías, la norma establece expresamente que se asigna la categoría de mayor riesgo.
¿Supone esta normativa un coste adicional para las gestoras?
Según la propia Orden ECM/973/2026, no genera costes adicionales para las entidades gestoras, ya que formaliza una clasificación que el sector ya utilizaba en sus comunicaciones internas con el supervisor desde 2019. El esfuerzo es principalmente de revisión documental y actualización de los tres documentos afectados.
¿A qué fondos de pensiones aplica esta obligación de clasificación?
La obligación aplica a todos los fondos de pensiones inscritos en el Registro Especial y a sus gestoras. Los partícipes y beneficiarios de esos fondos son los destinatarios finales de la mejora en transparencia y comparabilidad que persigue la norma.
Fuente oficial
Consultar normativa completa en fuente oficial
Aviso: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal. Para decisiones específicas, consulte a un profesional cualificado. Fuente: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-19423
