Tribunal Supremo anula artículo del Reglamento Marítimo: qué cambia para ONGs y operadores

Datos clave

El artículo 10.b del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima ha quedado expulsado del ordenamiento jurídico. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 8 de septiembre de 2026, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Fundación Proa (Proactiva Open Arms) y declara la nulidad de pleno derecho de dicho precepto, aprobado mediante Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo.

La publicación de la sentencia en el BOE, conforme al artículo 72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, le otorga eficacia general frente a todos: no solo frente a las partes del litigio, sino frente a cualquier persona, entidad u organismo que pudiera haber estado sujeto a ese artículo.

¿Qué establece esta sentencia?

La sentencia resuelve un recurso directo contra un reglamento del Gobierno. Este tipo de impugnación, conocida como recurso contencioso-administrativo contra disposiciones generales, permite anular normas reglamentarias cuando vulneran la ley o los derechos fundamentales.

El resultado concreto es la nulidad de pleno derecho del artículo 10.b del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima. En términos jurídicos, esto significa que:

• El artículo se considera inexistente desde su aprobación en marzo de 2023, no solo desde la publicación de la sentencia.
• Cualquier acto administrativo dictado al amparo de ese artículo queda sin base legal.
• La eficacia de la sentencia es erga omnes (frente a todos), al publicarse en el BOE conforme al artículo 72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
• La Administración General del Estado asume las costas procesales del procedimiento.

El contexto del recurso indica que el artículo 10.b podría haber restringido o condicionado las operaciones de salvamento marítimo de entidades no gubernamentales, lo que motivó la impugnación por parte de Fundación Proa (Proactiva Open Arms), organización dedicada al rescate de personas en el mar.

Impacto económico y operativo

Aunque esta sentencia no fija importes económicos directos para empresas privadas, tiene consecuencias operativas y jurídicas relevantes:

• ONGs de rescate marítimo: eliminación de una restricción reglamentaria que condicionaba sus operaciones. Las actividades realizadas desde 2023 bajo ese marco podrían ser objeto de revisión o reclamación.
• Administración General del Estado: asume las costas procesales del litigio y deberá revisar los actos administrativos dictados al amparo del artículo 10.b anulado.
• Operadores de navegación marítima no gubernamentales: recuperan un marco operativo sin la restricción que imponía el artículo 10.b desde marzo de 2023.
• Posibles reclamaciones retroactivas: dado que la nulidad opera desde el origen, cualquier sanción, limitación o denegación basada exclusivamente en ese artículo podría ser impugnable.

¿A quién afecta?

• ONGs y fundaciones de rescate marítimo que operan embarcaciones en aguas bajo jurisdicción española o en misiones con base en España.
• Administración General del Estado y sus organismos dependientes en materia de navegación marítima (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Salvamento Marítimo).
• Operadores de embarcaciones no gubernamentales que hubieran visto condicionadas sus actividades por el artículo 10.b del Reglamento.
• Asesores jurídicos y despachos especializados en derecho marítimo y derecho administrativo que gestionen expedientes relacionados con este reglamento.
• Entidades que recibieron sanciones o limitaciones basadas en el artículo 10.b entre marzo de 2023 y noviembre de 2026.

Ejemplo práctico

Una ONG de rescate marítimo que entre 2023 y 2026 vio denegada una autorización de operación, o recibió una sanción administrativa, basada exclusivamente en el artículo 10.b del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, se encuentra ahora en una posición jurídica sólida para impugnar esa resolución.

Al ser la nulidad de pleno derecho y con efectos retroactivos desde el origen (marzo de 2023), el acto administrativo que aplicó ese artículo carece de base legal. La organización podría interponer un recurso de revisión o solicitar la revisión de oficio ante la Administración General del Estado, que además es la parte condenada en costas en este procedimiento.

Del mismo modo, cualquier operador de embarcación no gubernamental que hubiera adaptado sus procedimientos operativos para cumplir con ese artículo puede ahora revisar si esas adaptaciones siguen siendo necesarias o si generaron costes reclamables.

¿Qué deben hacer las organizaciones ahora?

1. Revisar si se recibieron sanciones o denegaciones basadas en el artículo 10.b entre marzo de 2023 y noviembre de 2026. Si es así, consultar con un especialista en derecho administrativo marítimo la viabilidad de impugnarlas.
2. Verificar los procedimientos operativos vigentes para comprobar si alguno fue modificado exclusivamente para cumplir con el artículo 10.b anulado. De ser así, esas restricciones ya no tienen base legal.
3. Documentar cualquier coste o perjuicio derivado de la aplicación del artículo 10.b durante su vigencia, de cara a posibles reclamaciones patrimoniales frente a la Administración.
4. Consultar la sentencia completa en el BOE para identificar el alcance exacto de la nulidad declarada y si existen pronunciamientos adicionales que afecten a otros preceptos del mismo Reglamento.
5. Actualizar los protocolos internos de cumplimiento normativo eliminando cualquier referencia al artículo 10.b del Real Decreto 186/2023 como obligación vigente.

Fuente oficial

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Aviso: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal. Para decisiones específicas, consulte a un profesional cualificado. Fuente: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-23386