Datos clave
| Normativa | Reglamento Delegado (UE) 2026/109 de la Comisión, de 14 de enero de 2026 |
|---|---|
| Publicación | 7 de abril de 2026 (Diario Oficial de la UE) |
| Entrada en vigor | 14 de enero de 2026 |
| Norma modificada | Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 |
| Norma de referencia | Reglamento (UE) 2023/857 (revisión objetivos de reducción hasta 2030) |
| Afectados directos | Administraciones públicas nacionales y gestores del registro climático |
| Afectados indirectos | Sectores difusos: transporte, edificios, agricultura y residuos |
| Categoría | Normativa Europea |
| Ejercicio | 2026-2030 |
Las empresas de transporte, construcción y agricultura tienen un nuevo marco de referencia desde enero de 2026. El Reglamento Delegado (UE) 2026/109 actualiza el funcionamiento del Registro de la Unión Europea, la herramienta que la UE utiliza para verificar que cada Estado miembro cumple sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los llamados sectores difusos: aquellos que no están cubiertos por el mercado de carbono europeo.
Estos sectores —transporte, edificios, agricultura y residuos— son los que generan la mayor parte de las emisiones que cada país debe reducir bajo el Reglamento de Reparto del Esfuerzo (UE) 2018/842. La norma publicada el 7 de abril de 2026 adapta los procedimientos técnicos del registro a los nuevos objetivos revisados por el Reglamento (UE) 2023/857.
¿Qué establece esta normativa?
El Reglamento 2026/109 modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 2019/1122, que regula el funcionamiento técnico del Registro de la Unión en materia de emisiones de sectores difusos. Los cambios se centran en tres áreas:
| Área modificada | Descripción del cambio |
|---|---|
| Procedimientos administrativos de registro | Corrección y actualización de disposiciones técnicas para reflejar los nuevos objetivos de reducción por Estado miembro |
| Transferencias de unidades entre Estados | Adaptación de los mecanismos que permiten a los países comprar o vender cuotas de emisión entre sí para cumplir sus objetivos |
| Mecanismos de flexibilidad | Actualización de las herramientas que los Estados pueden usar para alcanzar sus compromisos de reducción hasta 2030 |
El contexto es clave: el Reglamento (UE) 2023/857 revisó al alza los objetivos de reducción de emisiones de los Estados miembros para el periodo hasta 2030. El Registro de la Unión es la herramienta que permite verificar si cada país cumple o no esos compromisos. Sin un registro actualizado, no hay control posible. Por eso esta modificación técnica tiene consecuencias prácticas directas sobre las políticas que los gobiernos nacionales deberán implementar.
Impacto económico y operativo
El impacto de esta normativa sobre las empresas es indirecto pero relevante, según el propio texto de la norma. El mecanismo de transmisión es el siguiente: el Registro de la UE verifica el cumplimiento de los Estados miembros; si un país no cumple, debe comprar unidades a otros Estados o enfrentarse a penalizaciones; para evitarlo, los gobiernos nacionales endurecen las políticas sobre los sectores que generan esas emisiones.
Los sectores empresariales que deben anticipar mayor presión regulatoria son precisamente los que componen los llamados sectores difusos:
- Transporte: Restricciones a vehículos de combustión, incentivos a la electrificación de flotas, posibles tasas sobre emisiones.
- Edificios y construcción: Exigencias de eficiencia energética más estrictas en obra nueva y rehabilitación.
- Agricultura: Limitaciones o incentivos relacionados con prácticas que reducen emisiones de metano y óxido nitroso.
- Residuos: Mayor presión sobre la gestión de vertederos y tratamiento de residuos orgánicos.
El horizonte temporal es 2030, pero las políticas nacionales que se deriven de estos compromisos se irán implementando progresivamente desde ahora.
¿A quién afecta?
- Administraciones públicas nacionales: Son los afectados directos. Deben actualizar sus procedimientos de registro y cumplimiento ante la UE.
- Gestores del registro climático: Responsables técnicos de operar el Registro de la Unión a nivel nacional.
- Empresas de transporte y logística: Impacto indirecto por políticas de descarbonización del transporte por carretera y aéreo.
- Promotoras y constructoras: Mayor exigencia en eficiencia energética de edificios nuevos y rehabilitados.
- Sector agrícola y ganadero: Posibles nuevas obligaciones o incentivos ligados a la reducción de emisiones en explotaciones.
- Gestores de residuos: Presión adicional sobre vertederos y plantas de tratamiento.
- CFOs y directores de sostenibilidad: Necesitan incorporar el riesgo regulatorio climático en la planificación estratégica y financiera.
Ejemplo práctico
Una empresa de transporte por carretera con flota de vehículos diésel no está sujeta directamente al Registro de la Unión —ese es un mecanismo entre Estados—. Sin embargo, el funcionamiento de ese registro determina cuán exigente será España con sus objetivos de reducción en el sector transporte.
Si España no cumple sus compromisos de reducción de emisiones en transporte (uno de los sectores difusos clave), deberá comprar unidades a otros Estados miembros a través de los mecanismos de transferencia que regula precisamente este Reglamento 2026/109, o bien endurecer las políticas nacionales sobre el sector. En la práctica, esto puede traducirse en restricciones de circulación, incentivos obligatorios a la electrificación de flotas o nuevas tasas sobre emisiones de vehículos comerciales.
Una empresa de transporte que planifique su renovación de flota para 2027-2030 debe tener en cuenta que el marco regulatorio que determina esa presión es exactamente el que actualiza este reglamento.
¿Qué deben hacer las empresas ahora?
- Identificar si tu sector es difuso: Transporte, edificios, agricultura y residuos son los sectores directamente afectados por los compromisos de reparto del esfuerzo. Si operas en alguno de ellos, esta normativa define el marco regulatorio que determinará las exigencias nacionales hasta 2030.
- Monitorizar el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC): Las políticas que España implemente para cumplir sus compromisos ante el Registro de la UE se reflejarán en el PNIEC. Seguir su evolución es clave para anticipar cambios regulatorios.
- Incorporar el riesgo regulatorio climático en la planificación financiera: Los CFOs deben incluir escenarios de mayor presión regulatoria en transporte y edificios en sus proyecciones a 3-5 años.
- Revisar la estrategia de sostenibilidad corporativa: Las empresas con compromisos ESG deben alinear sus objetivos de reducción de emisiones con el marco que establece este reglamento para los sectores difusos.
- Consultar con asesores especializados en normativa climática: El impacto concreto sobre cada empresa dependerá de las políticas nacionales que se deriven de estos compromisos. Un asesor especializado puede anticipar qué medidas son más probables en cada sector.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Registro de la Unión y para qué sirve en materia de emisiones?
El Registro de la Unión es la herramienta oficial de la UE para contabilizar y verificar el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en sectores no cubiertos por el mercado de carbono: transporte, edificios, agricultura y residuos. Permite controlar las transferencias de unidades entre Estados miembros y los mecanismos de flexibilidad.
¿Desde cuándo está en vigor el Reglamento Delegado 2026/109?
El Reglamento Delegado (UE) 2026/109 entró en vigor el 14 de enero de 2026, aunque fue publicado en el Diario Oficial de la UE el 7 de abril de 2026. Modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 para adaptarlo a los cambios introducidos por el Reglamento (UE) 2023/857.
¿A qué sectores empresariales afecta esta normativa de emisiones?
Afecta de forma indirecta pero relevante a empresas de transporte, construcción, agricultura y gestión de residuos. Estos sectores deberán adaptarse a políticas nacionales más estrictas derivadas de los compromisos de reducción de emisiones de los Estados miembros hasta 2030, revisados por el Reglamento 2023/857.
¿Qué cambia respecto al Reglamento 2019/1122 anterior?
El Reglamento 2026/109 corrige y modifica disposiciones técnicas del Reglamento 2019/1122 para adaptarlo a los nuevos objetivos de reducción de emisiones revisados por el Reglamento 2023/857. Los cambios afectan principalmente a procedimientos administrativos de registro, transferencias de unidades entre Estados miembros y mecanismos de flexibilidad.
¿Qué deben hacer ahora las empresas de transporte o construcción ante esta normativa?
Las empresas de estos sectores deben monitorizar las políticas nacionales que España implemente para cumplir sus compromisos de reducción de emisiones hasta 2030. Aunque el impacto es indirecto, sectores como transporte, edificios y agricultura son los principales afectados por las medidas que los Estados miembros deberán adoptar.
Fuente oficial
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Aviso: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal. Para decisiones específicas, consulte a un profesional cualificado. Fuente: https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=OJ:L_202600109