Prácticas desleales en alimentación 2026: qué cambia para distribuidores y proveedores

Datos clave

Los distribuidores y grandes compradores de la cadena agroalimentaria ya no pueden contar con que las infracciones cometidas en un país pasen desapercibidas en otro. El Reglamento (UE) 2026/697, en vigor desde el 11 de marzo de 2026, crea un sistema de cooperación entre las autoridades nacionales de todos los Estados miembros para garantizar el cumplimiento efectivo de la Directiva (UE) 2019/633, que prohíbe las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentaria.

El cambio no es menor: hasta ahora, la vigilancia era nacional y fragmentada. A partir de este reglamento, una investigación iniciada en España puede contar con información y colaboración de autoridades alemanas, francesas o italianas si la infracción tiene dimensión transfronteriza.

¿Qué establece esta normativa?

El Reglamento (UE) 2026/697 no crea nuevas prohibiciones de conducta: esas ya estaban fijadas en la Directiva (UE) 2019/633. Lo que hace es construir la arquitectura de vigilancia y aplicación coordinada entre países. Sus tres pilares son:

• Intercambio de información entre autoridades nacionales de control de distintos Estados miembros cuando se detectan indicios de infracción transfronteriza.
• Asistencia mutua: una autoridad puede solicitar a otra que actúe, investigue o recabe pruebas en su territorio.
• Coordinación de investigaciones transfronterizas cuando las infracciones afectan simultáneamente a varios países de la UE.

Las autoridades españolas de control deberán adaptar sus procedimientos internos a estos mecanismos de cooperación europeos para poder tanto recibir como emitir solicitudes de asistencia.

Impacto económico y operativo

El impacto más directo es el aumento del riesgo de detección y sanción para empresas que operan en varios mercados europeos y que hasta ahora podían beneficiarse de la descoordinación entre autoridades nacionales.

Para los distribuidores y grandes compradores, esto se traduce en:

• Mayor probabilidad de que prácticas como retrasos en pagos o cancelaciones unilaterales de pedidos sean investigadas, incluso si el proveedor afectado está en otro país.
• Necesidad de revisar y homogeneizar los contratos con proveedores en toda la cadena de suministro europea.
• Incremento del coste de cumplimiento normativo: auditorías internas, revisión de condiciones generales de compra y formación de equipos de compras.

Para agricultores, cooperativas y pymes proveedoras, el impacto es positivo: la protección que ya ofrecía la Directiva 2019/633 se vuelve más real y efectiva, especialmente en relaciones comerciales con compradores establecidos en otros países de la UE.

¿A quién afecta?

• Grandes distribuidores y cadenas de supermercados que compran a proveedores agrícolas o alimentarios en varios países de la UE.
• Empresas agroalimentarias con poder de negociación dominante que imponen condiciones contractuales a sus proveedores.
• Agricultores y productores primarios que suministran a compradores con mayor poder de mercado, especialmente en relaciones transfronterizas.
• Cooperativas agrarias que actúan como intermediarias o proveedoras en la cadena de suministro alimentaria.
• Pymes del sector alimentario que venden a grandes distribuidores o plataformas de compra europeas.
• Autoridades españolas de control encargadas de vigilar el cumplimiento de la Directiva 2019/633, que deberán adaptar sus procedimientos a los nuevos mecanismos de cooperación.

Ejemplo práctico

Imagina una cooperativa de productores de aceite de oliva española que suministra a un gran distribuidor alemán. Hasta ahora, si ese distribuidor cancelaba pedidos sin preaviso o retrasaba pagos más allá de lo permitido, la cooperativa tenía que reclamar ante las autoridades españolas, que no tenían acceso directo a la información ni a los procedimientos de la autoridad alemana.

Con el Reglamento (UE) 2026/697, la autoridad española puede solicitar formalmente asistencia a su homóloga alemana: intercambiar información sobre el comportamiento del distribuidor, coordinar la investigación y actuar de forma conjunta. El distribuidor alemán sabe que su conducta en España puede ser investigada con plena colaboración de las autoridades de su propio país.

Este mismo escenario aplica a cualquier relación entre un proveedor español y un comprador establecido en otro Estado miembro, o viceversa.

¿Qué deben hacer las empresas ahora?

1. Revisar todos los contratos con proveedores agroalimentarios para identificar cláusulas que puedan considerarse abusivas según la Directiva (UE) 2019/633: plazos de pago, condiciones de cancelación, revisiones unilaterales de precio.
2. Verificar el cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Directiva 2019/633 con todos los proveedores de la cadena alimentaria, independientemente del país en que estén establecidos.
3. Eliminar prácticas de cancelación unilateral de pedidos sin preaviso razonable, especialmente en contratos con proveedores de otros países de la UE.
4. Formar a los equipos de compras sobre las prohibiciones concretas de la Directiva 2019/633 y el nuevo riesgo de investigaciones coordinadas a nivel europeo.
5. Establecer un canal interno de revisión de contratos para que cualquier nueva condición comercial sea evaluada antes de su aplicación, reduciendo el riesgo de infracción.
6. Si eres proveedor o cooperativa: conoce tus derechos bajo la Directiva 2019/633 y documenta cualquier práctica abusiva de tus compradores, ya que ahora tienes más herramientas para reclamar ante las autoridades.