Datos clave
| Normativa | Resolución de 23 de junio de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Banco de España, para la persecución del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas |
|---|---|
| Publicación BOE | 30 de junio de 2026 |
| Entrada en vigor | 23 de abril de 2026 |
| Afectados directos | Entidades y personas que operen en el sector financiero sin autorización del Banco de España |
| Categoría | Novedades Fiscales |
| Ejercicio | 2026 |
| Marco superior | Plan de Acción contra el Fraude Financiero (firmado en 2022 por 19 instituciones) |
Operar en el sector financiero sin la autorización del Banco de España ya no es solo un riesgo regulatorio: a partir de 2026, es un riesgo penal activo y coordinado. La Resolución de 23 de junio de 2026 publica el convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Banco de España que formaliza la colaboración entre la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil y el supervisor financiero para combatir el intrusismo en actividades financieras reservadas.
Este acuerdo no surge de la nada: es el desarrollo directo del Plan de Acción contra el Fraude Financiero firmado en 2022 por diecinueve instituciones. Lo que antes era una intención política se convierte ahora en un mecanismo operativo con obligaciones concretas para ambas partes.
¿Qué establece esta normativa?
El convenio define un sistema de intercambio de información bidireccional y permanente entre la Guardia Civil y el Banco de España. Cada parte asume compromisos específicos:
| Organismo | Obligaciones asumidas en el convenio |
|---|---|
| Guardia Civil (Jefatura de Policía Judicial) | Notificar al Banco de España cualquier entidad no registrada que realice actividades financieras reservadas. Comunicar los procedimientos judiciales relacionados con estas actividades. |
| Banco de España | Comunicar a la Policía Judicial los indicios de delito detectados durante sus supervisiones. Asesorar a la Guardia Civil sobre la normativa financiera aplicable en cada caso. |
Para articular esta colaboración, el convenio crea dos estructuras permanentes:
- Punto de Coordinación Nacional, ubicado en la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
- Comisión de Seguimiento conjunta, encargada de supervisar el funcionamiento del acuerdo.
Todo el intercambio de información queda sujeto a estrictas obligaciones de confidencialidad y al régimen de secreto supervisor del Banco de España, lo que garantiza que los datos compartidos no se filtren fuera del circuito institucional.
Impacto económico y operativo
Para las empresas y profesionales que operan dentro de la legalidad, este convenio no genera ningún coste directo ni obligación nueva. Su impacto es preventivo y disuasorio.
El efecto real se produce en tres planos:
- Mayor velocidad de detección: El Banco de España detecta irregularidades en sus supervisiones y ahora tiene un canal directo para trasladarlas a la Guardia Civil sin demora. La brecha entre «detección» y «actuación policial» se reduce drásticamente.
- Doble fuente de alerta: La Guardia Civil, por su parte, puede identificar operadores no registrados durante investigaciones y notificar al Banco de España de forma inmediata. El sistema funciona en ambas direcciones.
- Riesgo penal elevado: Las actividades financieras reservadas ejercidas sin autorización pueden constituir delito. Con este convenio, la derivación de un expediente administrativo a un procedimiento judicial se vuelve sistemática, no excepcional.
Para las empresas del sector financiero regulado, este acuerdo refuerza indirectamente la competencia leal: los operadores no autorizados que compiten con ventaja de costes (al no asumir los gastos de cumplimiento normativo) quedan bajo una presión coordinada sin precedentes.
¿A quién afecta?
- Personas físicas o jurídicas que capten depósitos, concedan créditos o realicen otras actividades financieras reservadas sin estar registradas en el Banco de España.
- Plataformas de inversión, prestamistas, intermediarios financieros y gestores de activos que operen en España sin la preceptiva autorización supervisora.
- Empresas que ofrezcan servicios de pago, cambio de divisas o emisión de dinero electrónico sin licencia del Banco de España o del organismo supervisor competente.
- Asesores financieros que actúen como entidades sin estar inscritos en los registros oficiales.
- Entidades extranjeras que operen en España sin pasaporte europeo o autorización específica para el mercado español.
Las entidades debidamente autorizadas y registradas no se ven afectadas por este convenio más allá de un entorno competitivo más limpio.
Ejemplo práctico
Imagina una empresa que ofrece préstamos entre particulares a través de una plataforma digital. Opera desde 2023 sin haber solicitado autorización al Banco de España, argumentando que actúa como «mero intermediario».
Bajo el nuevo convenio, el escenario es el siguiente:
- El Banco de España detecta la actividad durante una inspección rutinaria del sector fintech y aprecia indicios de ejercicio de actividad reservada sin autorización.
- A través del Punto de Coordinación Nacional en la Unidad Técnica de Policía Judicial, traslada los indicios a la Guardia Civil con el asesoramiento técnico sobre qué normativa financiera se estaría vulnerando.
- La Guardia Civil abre diligencias, notifica al Banco de España el procedimiento judicial iniciado y ambos organismos coordinan la investigación a través de la Comisión de Seguimiento conjunta.
El resultado: lo que antes podía quedar en una sanción administrativa ahora tiene una vía directa hacia el proceso penal, con dos instituciones trabajando de forma coordinada y con obligación de comunicarse mutuamente los avances.
¿Qué deben hacer las empresas ahora?
- Verifica tu situación registral: Comprueba que tu empresa o actividad está correctamente inscrita en los registros del Banco de España. Si ofreces cualquier servicio financiero, la inscripción no es opcional.
- Revisa el perímetro de actividades reservadas: Algunas empresas realizan actividades que rozan el perímetro regulatorio sin saberlo (captación de fondos, intermediación crediticia, gestión de pagos). Analiza si alguna de tus operaciones requiere autorización supervisora.
- Actualiza tus autorizaciones si has ampliado servicios: Una autorización obtenida para un servicio concreto no cubre automáticamente nuevas líneas de negocio. Cada actividad reservada requiere su propia habilitación.
- Forma a tu equipo de cumplimiento: El convenio activa la vigilancia desde dos frentes simultáneos. Tu departamento de compliance debe conocer qué actividades están reservadas y cuáles son los umbrales que activan la obligación de autorización.
- Consulta con un asesor especializado en regulación financiera si tienes dudas sobre si tu modelo de negocio requiere autorización del Banco de España. El coste de una consulta preventiva es mínimo frente al riesgo penal de operar sin licencia.
Preguntas frecuentes
¿Qué actividades financieras están «reservadas» y requieren autorización del Banco de España?
Son actividades reservadas aquellas que la normativa financiera española atribuye en exclusiva a entidades supervisadas: captación de depósitos del público, concesión de créditos de forma profesional, emisión de dinero electrónico, prestación de servicios de pago y otras actividades bancarias. Ejercerlas sin autorización del Banco de España constituye intrusismo y puede derivar en responsabilidad penal. El convenio no define un listado nuevo: aplica la normativa financiera vigente, pero activa un mecanismo de persecución coordinado entre el supervisor y la Guardia Civil.
¿Desde cuándo está en vigor este convenio entre la Guardia Civil y el Banco de España?
El convenio entró en vigor el 23 de abril de 2026, aunque su publicación en el BOE se produjo el 30 de junio de 2026. Esto significa que el Punto de Coordinación Nacional y la Comisión de Seguimiento ya están operativos desde abril, con anterioridad a la publicación oficial.
¿Qué ocurre con la información que comparten la Guardia Civil y el Banco de España?
El convenio establece estrictas obligaciones de confidencialidad para toda la información intercambiada. Además, los datos quedan sujetos al régimen de secreto supervisor del Banco de España, lo que limita su uso exclusivamente a los fines del convenio y a los procedimientos judiciales o administrativos derivados.
¿Este acuerdo es nuevo o ya existía algún marco de colaboración anterior?
El convenio desarrolla el Plan de Acción contra el Fraude Financiero firmado en 2022 por diecinueve instituciones. Lo que en 2022 era un compromiso político entre organismos se convierte ahora en un acuerdo operativo con obligaciones concretas, estructuras permanentes (Punto de Coordinación Nacional y Comisión de Seguimiento) y canales formales de intercambio de información.
¿Una empresa autorizada por el Banco de España tiene alguna obligación nueva por este convenio?
No. Las entidades debidamente autorizadas e inscritas en los registros del Banco de España no asumen ninguna obligación adicional por este convenio. El acuerdo va dirigido exclusivamente a combatir el intrusismo de quienes operan sin autorización. Para las entidades reguladas, el efecto es indirecto: un entorno competitivo más limpio al reducirse la actividad de operadores no autorizados.
Fuente oficial
Consultar normativa completa en fuente oficial
Aviso: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal. Para decisiones específicas, consulte a un profesional cualificado. Fuente: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-14222