Diplomas de Lengua de Signos Española 2026: qué deben hacer empresas y entidades

Datos clave

Las entidades con obligaciones de accesibilidad comunicativa hacia personas sordas tienen desde el 1 de abril de 2026 un nuevo marco normativo de referencia: los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), creados por el Real Decreto 262/2026. Esta norma, publicada en el BOE el 7 de abril de 2026, establece un sistema oficial de certificación por niveles para acreditar el dominio de la LSE y modifica diversas disposiciones reglamentarias para integrar estos diplomas en el sistema educativo y de acreditación de competencias.

Hasta ahora, la acreditación del conocimiento de la Lengua de Signos Española carecía de un marco oficial homogéneo. El nuevo sistema DLSE resuelve esa laguna y tiene implicaciones directas en la contratación de intérpretes, en los requisitos para docentes y en el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad que la Ley 27/2007 impone a entidades públicas y privadas.

¿Qué establece esta normativa?

El Real Decreto 262/2026 articula tres elementos principales:

• Creación de los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE): Se establece un sistema oficial de certificación estructurado por niveles para acreditar el dominio de la LSE. Estos diplomas tienen carácter oficial y son reconocidos en el sistema educativo y de acreditación de competencias.
• Modificación de normas reglamentarias: La norma modifica diversas disposiciones reglamentarias para integrar los DLSE en el marco existente de acreditación de competencias y en el sistema educativo español.
• Facilitación del cumplimiento de obligaciones de accesibilidad: Los nuevos diplomas permiten a entidades públicas y privadas acreditar de forma objetiva que sus profesionales cuentan con el nivel de LSE necesario para cumplir sus obligaciones de accesibilidad comunicativa.

La norma supone un avance directo en la normalización de la Lengua de Signos Española, reconocida como lengua oficial por la Ley 27/2007, que hasta ahora carecía de un sistema de certificación oficial equivalente al de otras lenguas.

Impacto económico y operativo

El impacto económico de esta norma no se traduce en nuevas tasas ni sanciones directas, pero sí tiene consecuencias operativas relevantes para las organizaciones afectadas:

• Coste de formación y certificación: Las entidades que necesiten acreditar el nivel de LSE de sus profesionales deberán asumir los costes asociados a la obtención de los DLSE por parte de sus trabajadores. El importe concreto de los diplomas no está fijado en el decreto y dependerá de los centros habilitados para su expedición.
• Revisión de plantillas: Las entidades públicas y privadas con obligaciones de accesibilidad comunicativa deberán revisar si sus intérpretes y profesionales de LSE cuentan con la acreditación oficial correspondiente al nivel exigido.
• Oportunidad de diferenciación: Para empresas que presten servicios a personas sordas, contar con profesionales con DLSE oficial puede convertirse en un requisito de contratación pública o en un elemento de diferenciación competitiva.
• Impacto en procesos de selección: Los procesos de selección de intérpretes y docentes de LSE en el sector público incorporarán previsiblemente los DLSE como criterio de valoración o requisito mínimo.

¿A quién afecta?

• Intérpretes de Lengua de Signos Española: Necesitarán acreditar su nivel mediante los nuevos DLSE para acceder a determinados puestos o contratos.
• Docentes de LSE: Los profesores que impartan formación en LSE deberán contar con la certificación oficial correspondiente.
• Trabajadores del sector público: Especialmente aquellos en puestos que requieran comunicación con personas sordas o con obligaciones de accesibilidad comunicativa.
• Entidades públicas con obligaciones de accesibilidad: Administraciones, organismos públicos y servicios esenciales que deban garantizar la comunicación accesible a personas sordas.
• Empresas privadas con obligaciones de accesibilidad: Entidades privadas que presten servicios a personas sordas o que estén sujetas a requisitos de accesibilidad comunicativa bajo la Ley 27/2007.
• Personas sordas: Se benefician directamente de un sistema que garantiza que los profesionales con quienes interactúan tienen un nivel acreditado y homologado de LSE.

Ejemplo práctico

Una empresa privada que gestiona un servicio de atención al cliente para una entidad financiera tiene la obligación de ofrecer atención accesible a personas sordas. Hasta ahora, acreditaba la competencia de sus intérpretes de LSE mediante títulos heterogéneos o certificaciones privadas sin reconocimiento oficial uniforme.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 262/2026, esta empresa puede exigir a sus intérpretes que acrediten su nivel mediante el DLSE oficial correspondiente. Esto le permite demostrar ante una inspección o en un proceso de licitación pública que cumple con los requisitos de accesibilidad comunicativa de forma objetiva y verificable, reduciendo el riesgo de impugnaciones o sanciones por incumplimiento de la Ley 27/2007.

Del mismo modo, un intérprete freelance que trabaje con administraciones públicas podrá incluir su DLSE en su currículum como acreditación oficial, mejorando su posición en concursos y procesos de selección frente a candidatos sin certificación homologada.

¿Qué deben hacer las empresas ahora?

1. Identificar si tu entidad tiene obligaciones de accesibilidad comunicativa bajo la Ley 27/2007. Si prestas servicios a personas sordas o estás sujeto a requisitos de accesibilidad, esta norma te afecta directamente.
2. Revisar los contratos y perfiles de tus intérpretes y profesionales de LSE para determinar si será necesario que obtengan el DLSE oficial. Consulta con tu área de RRHH o asesoría jurídica.
3. Seguir el desarrollo reglamentario del DLSE para conocer los niveles concretos exigidos según el tipo de puesto o servicio, así como los centros habilitados para la expedición de los diplomas.
4. Actualizar los pliegos de contratación y requisitos de selección para incluir el DLSE como criterio de valoración o requisito mínimo en los perfiles que requieran LSE, especialmente en licitaciones públicas.
5. Planificar la formación y certificación de los profesionales que necesiten acreditar su nivel de LSE, previendo el tiempo y coste necesarios para obtener el diploma oficial.

Fuente oficial

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Aviso: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal. Para decisiones específicas, consulte a un profesional cualificado. Fuente: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-7824