Control de Fondos de Compensación Interterritorial 2023: qué exige el Congreso a las CC.AA.

Datos clave

Las comunidades y ciudades autónomas que no disponen de órgano de control externo autonómico propio tienen ahora una presión normativa añadida: el Congreso de los Diputados ha aprobado una resolución —publicada en el BOE el 14 de julio de 2026— que exige al Gobierno central mejorar sustancialmente la gestión y el control de los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) correspondientes al ejercicio 2023.

La resolución surge del informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas y aprobado por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el 21 de mayo de 2026. Su alcance es claro: donde no hay control autonómico propio, el control central debe ser más riguroso.

¿Qué establece esta normativa?

La resolución articula cinco mandatos concretos dirigidos al Gobierno central en relación con la gestión de los FCI del ejercicio 2023. No se trata de recomendaciones: son instrucciones aprobadas por el Congreso que el Ejecutivo debe atender.

Los Fondos de Compensación Interterritorial son instrumentos constitucionales destinados a corregir desequilibrios económicos entre territorios y fomentar la cohesión. Su gestión implica tanto al Gobierno central —que los distribuye— como a las comunidades autónomas receptoras, que ejecutan los proyectos.

Impacto económico y operativo

Esta resolución no genera un coste directo inmediato para las administraciones afectadas, pero tiene consecuencias operativas y de riesgo muy concretas:

• Riesgo de reintegro de fondos: Si el Tribunal de Cuentas detecta que los FCI no se han destinado a sus fines legales, las comunidades afectadas pueden verse obligadas a devolver las cantidades mal aplicadas.
• Mayor carga administrativa: Reforzar los mecanismos de control y transparencia implica dedicar más recursos humanos y técnicos a la justificación y seguimiento de los proyectos financiados.
• Riesgo reputacional y político: Las comunidades que no mejoren su gestión quedan expuestas a nuevos informes de fiscalización desfavorables, con el consiguiente impacto en su credibilidad ante el Gobierno central y los ciudadanos.
• Condicionamiento de futuras asignaciones: Una gestión deficiente documentada por el Tribunal de Cuentas puede influir negativamente en la distribución de fondos en ejercicios posteriores.

Desde el punto de vista de la planificación presupuestaria, las administraciones afectadas deben anticipar que los proyectos financiados con FCI estarán sometidos a un escrutinio más intenso, lo que exige una documentación más exhaustiva desde el inicio del ciclo de gasto.

¿A quién afecta?

• Comunidades autónomas sin órgano de control externo autonómico propio: Son las directamente fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y las que deben adaptar sus procesos de gestión de los FCI.
• Ciudades autónomas sin órgano de control externo propio: Ceuta y Melilla, en la misma situación que las comunidades anteriores.
• Gobierno central (Ministerio de Hacienda): Es el destinatario directo de los mandatos del Congreso y debe implementar las mejoras de control y seguimiento.
• Gestores y responsables de proyectos FCI en las administraciones afectadas: Técnicos y directivos que gestionan la ejecución de los proyectos cofinanciados con estos fondos.
• Interventores y controllers de las administraciones afectadas: Deben reforzar los procedimientos internos de control previo y seguimiento de la ejecución.

Ejemplo práctico

Una comunidad autónoma sin órgano de control externo propio que ha recibido FCI en 2023 para financiar infraestructuras de conectividad rural debe, a partir de ahora, poder acreditar ante el Tribunal de Cuentas:

1. Que los proyectos seleccionados responden a criterios de cohesión territorial documentados y verificables.
2. Que los fondos se han ejecutado conforme a la normativa presupuestaria, sin desviaciones de destino.
3. Que existe un sistema de seguimiento que permite conocer el grado de ejecución y los resultados obtenidos en cualquier momento.
4. Que toda la información sobre ejecución y resultados está disponible de forma transparente.

Si en una próxima fiscalización el Tribunal de Cuentas detecta que los proyectos no estaban alineados con los objetivos de cohesión territorial o que la documentación de seguimiento es insuficiente, la comunidad se expone a un informe desfavorable y, potencialmente, a la obligación de reintegrar los fondos mal aplicados.

¿Qué deben hacer las administraciones ahora?

1. Auditar la documentación de los proyectos FCI 2023: Revisar que todos los proyectos financiados con FCI en 2023 cuentan con justificación de alineación con los objetivos de cohesión territorial.
2. Reforzar los sistemas de seguimiento interno: Implementar o mejorar los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de los fondos, con registros auditables.
3. Verificar el cumplimiento de la normativa presupuestaria: Revisar que todos los gastos imputados a los FCI cumplen estrictamente con las reglas presupuestarias aplicables.
4. Preparar informes de transparencia: Elaborar y publicar información clara sobre el grado de ejecución de los FCI y los resultados obtenidos, anticipándose a posibles requerimientos del Tribunal de Cuentas.
5. Coordinar con el Ministerio de Hacienda: Establecer canales de comunicación con el Gobierno central para conocer los nuevos requisitos de control y seguimiento que se implementen en respuesta a la resolución del Congreso.
6. Consultar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas: Revisar el informe completo sobre el ejercicio 2023 para identificar las deficiencias concretas señaladas y actuar sobre ellas de forma prioritaria.

Fuente oficial

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Aviso: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal. Para decisiones específicas, consulte a un profesional cualificado. Fuente: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-15349