Acuerdo España-Canadá: qué deben hacer empresas de defensa y tecnología

Datos clave

Las empresas españolas de defensa, aeroespacial y tecnología tienen desde septiembre de 2025 una nueva vía de acceso al mercado canadiense, pero también una nueva obligación: adaptar sus sistemas de seguridad a los estándares del Acuerdo bilateral España-Canadá en materia de protección de información clasificada, firmado en Madrid el 9 de septiembre de 2025 y publicado en el BOE el 7 de mayo de 2026.

Este acuerdo no es solo un texto diplomático. Tiene consecuencias directas sobre qué empresas pueden licitar contratos de defensa e inteligencia en ambos países y cuáles quedan fuera por no cumplir los requisitos de seguridad exigidos.

¿Qué establece esta normativa?

El acuerdo crea un marco jurídico común entre España y Canadá para regular el intercambio y la protección de información clasificada entre ambos Estados. Los elementos centrales del acuerdo son:

• Niveles de clasificación equivalentes: El acuerdo define qué nivel de clasificación de un país equivale al del otro, permitiendo que la información fluya de forma segura entre ambos sistemas.
• Obligaciones de custodia: Establece las responsabilidades concretas que deben asumir tanto organismos públicos como empresas privadas en la gestión de información clasificada recibida del otro país.
• Responsabilidades en caso de compromiso: Regula qué ocurre y quién responde si la información clasificada se ve comprometida, filtrada o accedida sin autorización.
• Acceso a contratos clasificados: Las empresas que cumplan los estándares del acuerdo podrán participar en licitaciones y contratos que impliquen información sensible en el marco de la cooperación bilateral.

El acuerdo facilita especialmente la cooperación en proyectos conjuntos de defensa e inteligencia, abriendo potencialmente el mercado canadiense para empresas españolas y viceversa.

Impacto económico y operativo

El impacto de este acuerdo tiene dos caras: una de oportunidad y otra de coste de adaptación.

Por el lado de la oportunidad, las empresas españolas del sector defensa y tecnología que cumplan los requisitos podrán acceder a licitaciones y contratos en Canadá que antes no estaban disponibles o eran más difíciles de obtener. La cooperación en proyectos conjuntos de defensa e inteligencia amplía el mercado potencial de forma significativa.

Por el lado del coste, adaptarse a los estándares de seguridad exigidos por el acuerdo implica inversión en:

• Revisión y actualización de los sistemas de gestión de información clasificada.
• Formación del personal con acceso a información sensible.
• Implantación de protocolos de custodia alineados con los niveles de clasificación definidos en el acuerdo.
• Establecimiento de procedimientos de respuesta ante posibles compromisos de información.

Las empresas que no realicen esta adaptación quedarán excluidas de las licitaciones y contratos que impliquen información clasificada en el marco de esta cooperación bilateral, lo que supone una pérdida directa de oportunidades de negocio en el mercado canadiense.

¿A quién afecta?

El acuerdo tiene impacto directo sobre los siguientes actores:

• Empresas del sector defensa que participen o quieran participar en contratos con componentes clasificados en España o Canadá.
• Empresas del sector aeroespacial con proyectos que impliquen información sensible o clasificada en el marco de la cooperación bilateral.
• Empresas tecnológicas que presten servicios o desarrollen soluciones para organismos de defensa o inteligencia de ambos países.
• Fuerzas armadas y servicios de inteligencia de España y Canadá, como actores principales del intercambio de información clasificada.
• Organismos públicos que gestionen proyectos conjuntos de defensa o seguridad con el otro país.

Si tu empresa trabaja en cualquiera de estos sectores y tiene o busca relaciones comerciales con Canadá en el ámbito de la defensa o la tecnología de seguridad, este acuerdo te afecta directamente.

Ejemplo práctico

Una empresa española de tecnología de comunicaciones seguras quiere participar en una licitación conjunta España-Canadá para el desarrollo de sistemas de comunicación cifrada para uso militar.

Para poder acceder a esa licitación, la empresa necesitará manejar información clasificada de ambos países. Con el acuerdo en vigor, deberá demostrar que sus sistemas de seguridad cumplen los estándares definidos en el marco bilateral: niveles de clasificación equivalentes reconocidos, protocolos de custodia documentados y procedimientos claros de respuesta ante posibles compromisos de información.

Sin esa adaptación, la empresa quedará excluida del proceso de licitación, independientemente de su capacidad técnica. Con ella, accede a un mercado de contratos de defensa e inteligencia que antes le estaba vedado o era mucho más difícil de alcanzar.

¿Qué deben hacer las empresas ahora?

1. Evalúa si tu empresa entra en el ámbito de aplicación: Si operas en defensa, aeroespacial o tecnología de seguridad y tienes o buscas contratos con componentes clasificados en España o Canadá, este acuerdo te afecta.
2. Audita tus sistemas actuales de gestión de información clasificada: Compara tus protocolos actuales con los estándares de seguridad exigidos por el acuerdo para identificar brechas.
3. Adapta los niveles de clasificación internos: Asegúrate de que tu empresa entiende y puede gestionar los niveles de clasificación equivalentes definidos en el acuerdo bilateral España-Canadá.
4. Establece o actualiza los protocolos de custodia: Define con claridad quién tiene acceso a qué información, cómo se almacena y cómo se transmite de forma segura.
5. Define el procedimiento de respuesta ante compromisos de información: El acuerdo establece responsabilidades en caso de que la información clasificada se vea comprometida. Tu empresa debe tener un protocolo documentado.
6. Forma al personal con acceso a información sensible: La adaptación técnica no es suficiente si el personal no conoce las obligaciones que impone el acuerdo.
7. Consulta con un especialista en seguridad de la información y contratación pública de defensa: La correcta habilitación para manejar información clasificada requiere asesoramiento especializado.