Recurso contra el RD 1188/2025 de Marina Mercante: plazo de 9 días para personarse

Datos clave

El sector náutico español tiene una ventana de tiempo muy estrecha para actuar. La Associació de Lloguer d'Embarcacions Turístiques de la Costa Brava ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1188/2025, de 26 de diciembre, que modifica normas de Marina Mercante. La Dirección General de la Marina Mercante ha publicado en el BOE del 29 de junio de 2026 un emplazamiento formal a todos los posibles interesados para que se personen en el procedimiento.

El número de recurso es 1/37/2026 y se tramita ante la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo. El plazo es de nueve días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación, es decir, desde el 30 de junio de 2026. Quien no actúe en ese plazo, pierde la posibilidad de defender sus derechos en este procedimiento.

¿Qué establece esta normativa?

La Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante no modifica por sí misma ninguna norma operativa del sector. Su función es procesal: notificar públicamente a todos los posibles interesados que existe un recurso judicial en curso contra el RD 1188/2025 y que tienen derecho a sumarse al procedimiento si tienen derechos subjetivos o un interés legítimo en su resultado.

El mecanismo es el habitual en el contencioso-administrativo español: cuando se impugna una disposición general ante el Tribunal Supremo, la Administración debe emplazar públicamente a quienes puedan verse afectados por la sentencia. Esto se hace mediante publicación en el BOE, y el plazo para actuar es breve e improrrogable.

Lo que está en juego es el propio Real Decreto 1188/2025, de 26 de diciembre, que modifica normas de Marina Mercante. Si el Tribunal Supremo estima el recurso, podría anular total o parcialmente ese Real Decreto, lo que afectaría a todas las empresas que operan bajo su amparo. Si lo desestima, el RD 1188/2025 quedará consolidado. En ambos casos, las empresas que no se hayan personado no podrán influir en el procedimiento ni recurrir la sentencia.

Impacto económico y operativo

El impacto económico directo de esta resolución no es inmediato: no genera nuevas tasas ni modifica precios. Sin embargo, el impacto indirecto puede ser muy relevante para las empresas del sector náutico:

• Si el Tribunal Supremo anula el RD 1188/2025: las empresas que hayan adaptado su operativa a ese Real Decreto deberán revertir cambios, lo que puede suponer costes operativos, administrativos y de cumplimiento.
• Si el Tribunal Supremo confirma el RD 1188/2025: las empresas que no se hayan personado habrán perdido la oportunidad de defender sus intereses en el procedimiento.
• Coste de no actuar: quedar fuera del procedimiento significa no poder alegar, no poder aportar pruebas y no poder recurrir la sentencia final.
• Coste de personarse: implica contratar representación legal (procurador y abogado) ante el Tribunal Supremo, lo que tiene un coste económico que cada empresa debe valorar frente al riesgo de no hacerlo.

La decisión de personarse o no debe tomarse en los próximos días, con asesoramiento jurídico especializado en derecho administrativo y náutico.

¿A quién afecta?

• Empresas de alquiler de embarcaciones turísticas (charter náutico, alquiler sin titulación, alquiler con patrón).
• Asociaciones del sector náutico con interés en las normas de Marina Mercante.
• Armadores y propietarios de embarcaciones que operan bajo la regulación del RD 1188/2025.
• Empresas de turismo náutico que ofrecen actividades marítimas reguladas.
• Puertos deportivos y marinas cuya actividad esté vinculada a la normativa impugnada.
• Particulares con derechos subjetivos reconocidos o afectados por el RD 1188/2025.
• Asesores jurídicos y consultores que representen a clientes del sector náutico.

Ejemplo práctico

Una empresa de alquiler de embarcaciones turísticas en la Costa Brava que opera bajo las condiciones establecidas por el RD 1188/2025 —por ejemplo, con requisitos específicos de titulación de tripulación, seguros o zonas de navegación— tiene un interés legítimo directo en el resultado del recurso.

Si esa empresa no se persona antes de que venza el plazo de 9 días hábiles desde el 30 de junio de 2026, no podrá alegar ante el Tribunal Supremo que la anulación del RD 1188/2025 le perjudica (por ejemplo, si había invertido en adaptarse a sus requisitos) ni tampoco que su mantenimiento le beneficia. Quedará al margen del procedimiento y deberá acatar la sentencia sin haber podido influir en ella. El coste de contratar procurador y abogado ante el Supremo es real, pero puede ser menor que el coste de una sentencia desfavorable sin haber podido defenderse.

¿Qué deben hacer las empresas ahora?

1. Evalúa si tienes interés legítimo: determina si el RD 1188/2025 afecta directamente a tu actividad, licencias, requisitos operativos o derechos como empresa del sector náutico.
2. Actúa antes de que venza el plazo: tienes 9 días hábiles desde el 30 de junio de 2026. Este plazo es improrrogable. Calcula la fecha límite exacta excluyendo sábados, domingos y festivos.
3. Contrata asesoramiento jurídico especializado: la personación ante el Tribunal Supremo requiere procurador y abogado habilitados. Contacta con un despacho especializado en derecho administrativo o náutico de forma inmediata.
4. Consulta la resolución completa en el BOE: accede al texto íntegro en BOE-A-2026-14098 para verificar los requisitos formales del emplazamiento.
5. Coordínate con tu asociación sectorial: si perteneces a una asociación náutica, consulta si está valorando una personación colectiva que pueda reducir costes y unificar la defensa del sector.

Fuente oficial

Consultar normativa completa en fuente oficial

Aviso: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal. Para decisiones específicas, consulte a un profesional cualificado. Fuente: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-14098