Cataluña obliga a retirar el amianto de edificios públicos antes de 2028 y de todos los inmuebles antes de 2032. La ley regula derechos de víctimas y obligaciones de propietarios.
El Instituto de las Mujeres y la Inspección de Trabajo se unen para reforzar el control del cumplimiento de la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas, con especial atención a sectores feminizados y precarios.
La Dirección General resuelve que el registrador puede suspender el número de registro de alquiler de corta duración si los estatutos comunitarios inscritos limitan ese uso.
Se publican correcciones técnicas al Reglamento UE de ciberresiliencia para productos con elementos digitales aprobado en octubre de 2024. Afecta a fabricantes y distribuidores de hardware y software en Europa.
Los profesionales colegiados con mutualidad alternativa al RETA podrán transferir sus derechos a la Seguridad Social. Además, se elevan las coberturas mínimas obligatorias de estas mutualidades.
La UE y México firman un acuerdo comercial interino que reduce aranceles y facilita el comercio entre ambas regiones. Beneficia a empresas exportadoras e importadoras europeas y mexicanas.
El Gobierno aprueba los ajustes finales del Plan de Recuperación para cerrar su ejecución antes del 31 de agosto de 2026 y maximizar los fondos europeos recibidos.
Las empresas tendrán 6 días (antes 3) para notificar bajas y cambios de datos de empleados a la Seguridad Social. También se flexibilizan los aplazamientos de deudas con la Seguridad Social.
La Comunidad de Madrid aprueba medidas urgentes para aumentar la oferta de vivienda pública asequible, permitiendo ampliar edificabilidad hasta un 20% y simplificando trámites administrativos.
La DGSJFP resuelve que los pisos con licencia turística obtenida tras el 3 de abril de 2025 necesitan autorización expresa de la comunidad de propietarios para inscribirse en el registro de alquiler turístico.